Un calvario de cinco semanas. Es lo que acaba de vivir una joven de 17 años tras solicitar una interrupción voluntaria del embarazo en un centro de salud del municipio valenciano donde reside. La primera vez que lo pidió, a finales de diciembre pasado, estaba de cinco semanas y le denegaron el volante porque, según le dijeron, tenía que ir acompañada de uno de sus padres. “Falso. La ley en vigor dice que si la menor puede sufrir coacciones familiares para continuar con el embarazo, como era su caso, el médico puede practicar la operación sin consentimiento paterno. Ella estaba segura de que su madre no le daría su aprobación y, además, como castigo la enviaría a Ecuador, su país de origen [tiene doble nacionalidad]”, explica Marcela Jabbaz, socióloga y miembro de la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana, que acompañó a la menor en su periplo.

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